Consecuencias del frenazo normativo en el sector de los drones

El marco regulatorio de los drones

Consecuencias del frenazo normativo en el sector de los drones

El frenazo normativo en el sector de los drones ya es un hecho. ¿Somos conscientes de las consecuencias derivadas de este frenazo?

Un problema que afecta a todo el sector del los drones en España

Leemos un artículo publicado en el Periódico de Extremadura  que señala perfectamente los problemas que esto está causando, pero creemos que se queda incluso corto.

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de RPAS (FEDAR), Jerónimo García Marcelo, asegura que el sector «está totalmente asfixiado y más en Extremadura». Pese a que Jerónimo García pueda parecer que habla como parte directamente afectada afectada, muchos van a coincidir con nosotros en que no se trata de un problema particular ni local. Todos los pilotos que actúan bajo el marco legal están trabajando en desventaja.

Se trata de un problema que en nuestra humilde opinión afecta gravemente a todo el sector de los drones en España. FEDAR ha tenido una muy buena comunicación con las autoridades involucradas en el desarrollo de estas normativas. Por ello creemos que sería bastante ingenuo pensar que por parte de las autoridades se está haciendo todo lo que se puede en estos temas.

La ausencia de permisos para los nuevos escenarios

Es curioso recordar cuáles fueron la reacciones iniciales a la publicación de la nueva normativa en diciembre de 2017. Los drones alzan el vuelo en las ciudades españolas . Muchos medios se hicieron eco con frases llenas de ilusión como estas: “La nueva normativa de uso de drones en España abre un filón de servicios en las ciudades”, que han quedado en una profunda decepción. Parece que la AESA no ha concedido a día de hoy ningún permiso.

Las razones por las cuales la AESA no ha concedido aún ningún permiso es porque dice que no se cumplen unos requisitos de seguridad. Lo cierto es que nadie sabe cuáles son porque no están publicados. Si la ley no los explica y tampoco existe una guía oficial para cumplir la normativa en los nuevos escenarios podemos esperar años si las autoridades competentes no hacen nada más.

Podemos dar fe de que en el entorno urbano es donde más opciones de trabajo se producen y mientras los operadores que cumplen con la ley no puedan dar satisfacción a la gran demanda que tienen estos servicios, la gente buscará la contratación de servicios piratas que por lo general no cumplen siquiera unos mínimos criterios de seguridad.

Ni se saben las razones para este frenazo normativo en el sector de los drones, ni vemos la necesidad de provocar con esta situación un paraíso de economía sumergida, ni creemos que las autoridades competentes deban esperar a que se produzca algún hecho especialmente lamentable para ponerse en marcha.

Servicios piratas y competencia desleal

El ministerio de fomento debería ser consciente de que los vacíos legales están sirviendo para que el número de vuelos ilegales con dron que se realizan actualmente sean comparables al número de vuelos legales, tal como se indica en este otro artículo: Las quejas de los operadores de drones: “El 50% de los trabajos que se hacen son ilegales”

Cuando hablamos de piratas no solo hablamos de particulares irresponsables. Los vídeos aéreos están de moda y actualmente basta con que una productora de televisión, u otra productora audiovisual importante, pida permiso a un ayuntamiento deseoso de ver su ciudad o pueblo en televisión, para que se produzcan primero y se difundan posteriormente una serie de planos aéreos que ninguno de los pilotos que actualmente operan bajo el marco legal, podría haber obtenido sin salirse de ese marco legal.

Los vacíos legales están sirviendo para que de facto, las normas no sean iguales para todos. Esto no es de ahora, y las autoridades competentes, como no podría ser de otra forma, llevan tiempo informadas de estos problemas graves que deberían ser corregidos para evitar la larga lista de consecuencias tales como: competencia desleal, inseguridad en el espacio aereo, inseguridad para personas en tierra, economía sumergida, prevaricación institucional (por ejemplo en ayuntamientos), etc.

Procedimientos sancionadores

Tanto la policía como AESA tienen la capacidad de interponer denuncias o abrir expedientes sancionadores que pueden conllevar multas que superen los 250.000 euros. En el caso de vuelos no autorizados en zonas aerocontroladas las multas pueden alcanzar los 500.000 euros.

Todo esto es la teoría. El problema en muchos casos es que para que el juez pueda sancionar necesita pruebas. Sonado fue el caso en el que Un juez anula una multa de 13.000 euros por sobrevuelo en aglomeraciones. En esta ocasión, la sanción impuesta por AESA a un operador de drones fue anulada porque el juez en su sentencia afirmó que “el visionado de vídeos y capturas de pantalla realizados por un funcionario no adquieren certeza probatoria”. Siendo esta el tipo de pruebas de cargo que usa con frecuencia la AESA para imponer una sanción.

Existe un problema añadido y es el de la responsabilidad de aquellos que contratan un servicio con drones sin las debidas garantías legales.  ¿Pueden ser sancionadas las empresas por contratar servicios no legales de drones?

En España el deudor principal por infracción es el operador, pero existe una responsabilidad subsidiaria por parte de aquel que contrata el servicio si bien esta solo se hará efectiva en el caso de que el deudor principal no pague.  Lo que ocurre es que las responsabilidades deberían ser mayores en algunos casos. Imaginemos que un ayuntamiento contrata a una persona para hacer estos trabajos que es un mero conocido que ni siquiera se anuncian como profesionales, ni mucho menos está dado de alta como operadora ni tiene licencia alguna. Imaginemos que un vídeo ilegal se usa como herramienta promocional pero las autoridades no llegan a saber quién es el autor del vídeo. La casuistica es tan amplia como complicada y la normativa parece ir a remolque de los acontecimientos.

Para finalizar

Una noticia esperanzadora es esta: La Unión Europea da el primer paso hacia una regulación común sobre los drones. Se dice que entrará en vigor en 2019. ¿Será verdad?

Sinceramente, cuanto antes ocurra esto mejor, porque pensamos que tras esta inacción en el caso español, también pueden estar pesando los intereses particulares de algunos lobbies que por abuso de posición pueden sacar partido de las dificultades y las arbitrariedades que se están creando por culpa de este frenazo normativo en el sector de los drones. Ya hemos visto esto mismo en otros sectores, donde la abundancia de pequeñas y medianas empresas de reciente creación están siendo frenadas desde ciertos lobbies. Nos referimos a un tipo de contención del crecimiento que ocurre más desde el juego sucio, que desde el lógico desarrollo de una normativa clara y justa. Una normativa sin tanto margen para la arbitrariedad al servicio de unos pocos. En otras palabras, necesitamos una normativa  que busque el bien común frente al de unos pocos privilegiados. Necesitamos una normativa sin esos vacíos legales tan estratégicos, para que así nos obligue y nos defienda a todos por igual.

PD (7-julio-2018):

Parece que el malestar general ya es un clamor.  Una nueva referencia al mismo asunto podemos encontrarla en VozPopuli. La otra cara de la feria de drones: denuncias de lastre burocrático, mala formación y vuelos ilegales. Los pequeños y medianos empresarios son los más perjudicados. Una lástima porque son los que más empleo podrían generar si se les permitiera crecer.  Las quejas de los operadores con los que nosotros hemos hablado en esa feria se referían a ello como Prostitución del sector. Quizás no sea un término muy exacto, pero desde un punto de vista de sensaciones se entiende bien. Describe la hediondez y la oscuridad de unos negocios que por una parte están regulados mediante amenazas penales de multas astronómicas, pero que en el día a día suponen un elevado número de operaciones piratas que en total mueven mucho dinero con absoluta opacidad y una considerable falta de seguridad.

PD (8-julio-2018)

Un nuevo artículo acaba de aparecer en el Diario de León con quejas en el mismo sentido  Ningún dron profesional ha podido volar aún sobre la ciudad por la dureza de la ley  Una de las aportaciones de este artículo es la de señalar como estas corta pisas no afectan a todos por igual señalando a las instituciones como entidades que operan bajo situaciones de privilegio al margen de una ley que a los demás apenas nos permite respirar.  Se refieren a una campaña de verano para el control de carreteras y a la unidad de RPAS del Ejercito de Tierra para colaboraciones en campañas muy necesarias que al parecer gozan de privilegios envidiables para hacer lo que sea menester a fin de llevar a cabo sus valiosos servicios. Los agujeros legales son ventajas para algunos y obstáculos para otros y lo que necesitamos es un marco legal completo al servicio de todos, incluyendo por ejemplo a los que pagamos impuestos.

PD (18-julio-2018)

Hemos visto una entrada que no es muy reciente, pero su contenido no ha perdido interés por ser de máxima actualidad. Se trata de un problema que viene de lejos y que aún continua aumentado 17 Dic EL INTRUSISMO EN EL SECTOR DRON

Si alguien escribe un artículo sobre este tema puede poner aquí un comentario dejando el enlace al mismo. Si vemos que el artículo tiene un mínimo de interés respetaremos el enlace a su página.

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